QUEREMOS CERTIDUMBRE

Germán Gutiérrez Gantier. Sucre, 3 de julio de 2007

Sin mayores sobresaltos la Asamblea Constituyente ha decidido, tras seis horas de sesión y mediante Resolución, aprobar el nuevo plazo de la Asamblea que es el 14 de diciembre del presente año, un nuevo cronograma de trabajo y la ampliación del plazo de presentación de informes de las comisiones.
Se pretende aprobar en grande hasta el próximo 6 de agosto el proyecto de la nueva Constitución.
El funcionamiento de la Asamblea Constituyente hasta el 14 de diciembre costará al Estado cerca de 41 millones de bolivianos.
Esta resolución para efectos constitucionales deberá ser remitida al Congreso de la República con el propósito de que el mismo dicte una nueva ley de ampliación.
La ampliación en sí misma no es buena ni mala, pues dependerá de qué es lo que pretenden los asambleístas hacer a partir de este momento. Si por un lado repiten su accionar diletante y díscolo con el mandato ciudadano, seguramente la ampliación no tendrá significado alguno y la ciudadanía pedirá cuentas a los asambleístas por su in-conducta, empero y si por el contrario asumen la ampliación con un cambio de conducta que garantice que hasta diciembre de este año vamos a tener un nuevo texto Constitucional sobre la base de la unidad nacional, con un diseño estatal moderno e inclusivo con instituciones democráticas sólidas que superen la crisis evidente por la que hoy atraviesan, seguramente contarán con el respaldo ciudadano que quiere certidumbre del final de la Asamblea Constituyente.
La Resolución aprobada por cierto es insuficiente aunque deja vislumbrar cuando menos un mensaje de alivio en la medida que en un mea culpa las representaciones políticas se comprometen “a lograr los consensos necesarios para la aprobación de la nueva Constitución.” , por ello creo que es conveniente que en el Congreso de la República se encuentren mayores mecanismos que garanticen de alguna manera este propósito, partiendo de no alterar los contenidos de la Ley de Convocatoria de la Asamblea Constituyente, la regla aprobada de los dos tercios, el respeto de los resultados del referéndum autonómico y estableciendo un mecanismo de responsabilidades a los Asambleístas si estos no cumplen con el mandato ciudadano, debido a que hasta la fecha se manejaron de manera impune en el seno de la Asamblea y fuera de ella.
El debate ha permitido positivamente aclarar si la Asamblea es originaria o derivada. Se ha dilucidado la discusión con la admisión de que es derivada en la medida que su realización es producto de una ley de la República por lo que la actual Constitución y las normas del país deben regular su actividad, empero en la decisión de dictar la nueva norma constitucional efectivamente son originarios y no deberían tener a los poderes constituidos por encima de su decisión que es soberana y únicamente el pueblo a través del referéndum podrá aprobar o rechazar lo echo por los asambleístas.
Otra exigencia que surge de la ampliación, es que la Asamblea tiene la obligación de recobrar su libertad de palabra y acción, evitar que las interferencias de la pura consigna entorpezcan su labor como ha sucedido hasta ahora. Caso contrario se tendrá no más que recurrir a los factores reales de poder existentes y ser ellos quienes definan el curso de los acontecimientos.
También se debe transparentar el manejo administrativo y evitar excesos como la fijación de dietas, que ha sufrido varias modificaciones. No es aceptable que se establezcan las mismas al margen de la ley ya que un asambleísta ahora gana cerca o más de 21.000 bolivianos, deben demostrar con hechos que su conducta ha mutado, sobre todo en estos temas sensibles.
No todos están contentos con la ampliación del tiempo de funcionamiento de la Asamblea, empero hay que hacer lo necesario para salvarla y pedirles a los asambleístas nos den certidumbre de su labor, por ello la ciudadanía debe ser el celoso guardián de lo que suceda y evitar que nuestros representantes en Sucre hagan dibujo libre.